Obras sociales, una caja de $ 2600 millones por mes.
El equivalente al 9% del sueldo bruto de un trabajador en blanco va a parar al Estado y a los sindicatos.
Diego Cabot
Mucho dinero; todos los meses y muy fácil de recaudar. Los aportes a las obras sociales que mes tras mes depositan los empleados y sus patrones han quedado
bajo la lupa de la Justicia en medio de la investigación por medicamentos adulterados. El número no es menor: alrededor de 2600 millones de pesos lubrican
el sistema de salud argentino.
La ruta de esos millones se inicia en el recibo de sueldo que se entrega todos los meses a cualquier trabajador. Y desde allí se reparte entre la Superintendencia
de Servicios de Salud (SSS), las obras sociales, sean sindicales o no y, finalmente, las empresas de medicina prepaga.
El primer eslabón es el descuento que se le hace en el sueldo al trabajar. Actualmente, ese porcentaje es de un 3% del salario bruto. Claro que ese descuento
tiene un tope de sueldo que es de 11.829 pesos (en marzo pasará a un valor cercano a los 13.000 pesos). Es decir, a los que cobren más que esa cantidad
se les descontará un monto máximo que será el 3% del tope fijado. Este monto máximo de aporte se ajusta periódicamente de la mano de los aumentos en las
jubilaciones.
El segundo eslabón es el aporte que mensualmente también hace el empleador, que debe depositar el 6% del sueldo bruto de cada uno de sus dependientes. La
gran diferencia entre uno y otro es que el pago de la patronal no tiene topes y siempre será un porcentaje del sueldo, sin importar el monto.
Según datos correspondientes al tercer trimestre del año pasado, y que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el sector formal argentino
tiene 7,52 millones de trabajadores, entre el sector privado y el público, que tienen sueldos en su conjunto por 29.395 millones de pesos por mes.
De esa cifra, alrededor de $ 2600 millones, que equivalen al 9% de ese monto, se vuelcan al sistema de salud. Eso sin contar todas las partidas que el gobierno
nacional y las administraciones provinciales y municipales destinan al sistema de salud pública.
¿Qué significa esa cifra? Pues alrededor de la mitad de lo que se destina anualmente para que funcione el Poder Judicial de la Nación, que tiene un presupuesto
para 2011 de alrededor de 5000 millones de pesos.
Esos millones, a su vez, también se dividen. El 85% del monto va a las obras sociales sindicales, que son las grandes destinatarias de los aportes de los
trabajadores. El resto va a una cuenta de la Superintendencia de Servicios de Salud. Entre otras cosas, con los fondos en poder de la Superintendencia
se lubrica la Administración del Programa Especial (APE), el sospechado sistema que ahora investiga la Justicia mediante el cual las obras sociales sindicales
cobran los tratamientos prolongados y de alta complejidad que tienen que practicarse sus afiliados. La Justicia sospecha que muchas obras sociales presentaban
troqueles falsificados de remedios para hacerse de reintegros que no habían pagado nunca.
Y ahora, las prepagas
Claro que hay muchos trabajadores que derivan sus aportes a las empresas de medicina prepaga. La mayoría de estas empresas no son obras sociales y, por
lo tanto, no pueden percibir directamente aportes de los trabajadores. Pero, a diferencia de muchas organizaciones sindicales, tienen la posibilidad de
dar prestaciones. Una con el dinero y la otra con la prestación, pues prepaga y obra social negocian para que una recaude y la otra preste servicios.
En promedio de aquel 9% inicial, a la obra social sindical llega un 7,6% del salario del trabajador. Y en una última división, en los casos en que éstas
contratan una prepaga, a las compañías privadas llega cerca de un 6,9% del sueldo promedio.
La negociación entre el recaudador sindical y el prestador privado tiene una tercer punta: la empresa que aporta la nómina. Generalmente, esta negociación
se da entre las tres partes. Y entonces, sí, llega la división final. En promedio, en el mercado a la prestadora se le paga alrededor de un 6,9% de la
nómina. El resto queda en la obra social sindical en concepto de comisión.
DINERO FRESCO
Todos ponen
Los trabajadores contribuyen con 3% del sueldo bruto para la obra social; el empleador paga otro 6 por ciento.
Las Sospechas
El 15% de los aportes queda en el Estado para prestaciones especiales. Ahí puso la lupa la Justicia.
El equivalente al 9% del sueldo bruto de un trabajador en blanco va a parar al Estado y a los sindicatos.
Diego Cabot
Mucho dinero; todos los meses y muy fácil de recaudar. Los aportes a las obras sociales que mes tras mes depositan los empleados y sus patrones han quedado
bajo la lupa de la Justicia en medio de la investigación por medicamentos adulterados. El número no es menor: alrededor de 2600 millones de pesos lubrican
el sistema de salud argentino.
La ruta de esos millones se inicia en el recibo de sueldo que se entrega todos los meses a cualquier trabajador. Y desde allí se reparte entre la Superintendencia
de Servicios de Salud (SSS), las obras sociales, sean sindicales o no y, finalmente, las empresas de medicina prepaga.
El primer eslabón es el descuento que se le hace en el sueldo al trabajar. Actualmente, ese porcentaje es de un 3% del salario bruto. Claro que ese descuento
tiene un tope de sueldo que es de 11.829 pesos (en marzo pasará a un valor cercano a los 13.000 pesos). Es decir, a los que cobren más que esa cantidad
se les descontará un monto máximo que será el 3% del tope fijado. Este monto máximo de aporte se ajusta periódicamente de la mano de los aumentos en las
jubilaciones.
El segundo eslabón es el aporte que mensualmente también hace el empleador, que debe depositar el 6% del sueldo bruto de cada uno de sus dependientes. La
gran diferencia entre uno y otro es que el pago de la patronal no tiene topes y siempre será un porcentaje del sueldo, sin importar el monto.
Según datos correspondientes al tercer trimestre del año pasado, y que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el sector formal argentino
tiene 7,52 millones de trabajadores, entre el sector privado y el público, que tienen sueldos en su conjunto por 29.395 millones de pesos por mes.
De esa cifra, alrededor de $ 2600 millones, que equivalen al 9% de ese monto, se vuelcan al sistema de salud. Eso sin contar todas las partidas que el gobierno
nacional y las administraciones provinciales y municipales destinan al sistema de salud pública.
¿Qué significa esa cifra? Pues alrededor de la mitad de lo que se destina anualmente para que funcione el Poder Judicial de la Nación, que tiene un presupuesto
para 2011 de alrededor de 5000 millones de pesos.
Esos millones, a su vez, también se dividen. El 85% del monto va a las obras sociales sindicales, que son las grandes destinatarias de los aportes de los
trabajadores. El resto va a una cuenta de la Superintendencia de Servicios de Salud. Entre otras cosas, con los fondos en poder de la Superintendencia
se lubrica la Administración del Programa Especial (APE), el sospechado sistema que ahora investiga la Justicia mediante el cual las obras sociales sindicales
cobran los tratamientos prolongados y de alta complejidad que tienen que practicarse sus afiliados. La Justicia sospecha que muchas obras sociales presentaban
troqueles falsificados de remedios para hacerse de reintegros que no habían pagado nunca.
Y ahora, las prepagas
Claro que hay muchos trabajadores que derivan sus aportes a las empresas de medicina prepaga. La mayoría de estas empresas no son obras sociales y, por
lo tanto, no pueden percibir directamente aportes de los trabajadores. Pero, a diferencia de muchas organizaciones sindicales, tienen la posibilidad de
dar prestaciones. Una con el dinero y la otra con la prestación, pues prepaga y obra social negocian para que una recaude y la otra preste servicios.
En promedio de aquel 9% inicial, a la obra social sindical llega un 7,6% del salario del trabajador. Y en una última división, en los casos en que éstas
contratan una prepaga, a las compañías privadas llega cerca de un 6,9% del sueldo promedio.
La negociación entre el recaudador sindical y el prestador privado tiene una tercer punta: la empresa que aporta la nómina. Generalmente, esta negociación
se da entre las tres partes. Y entonces, sí, llega la división final. En promedio, en el mercado a la prestadora se le paga alrededor de un 6,9% de la
nómina. El resto queda en la obra social sindical en concepto de comisión.
DINERO FRESCO
Todos ponen
Los trabajadores contribuyen con 3% del sueldo bruto para la obra social; el empleador paga otro 6 por ciento.
Las Sospechas
El 15% de los aportes queda en el Estado para prestaciones especiales. Ahí puso la lupa la Justicia.